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Las miembros de NUHW, Jessica Rentz y Adriana Webb, aparecieron en un episodio del podcast Working People que profundiza en la huelga en curso de los empleados de salud mental de Kaiser en el sur de California.
Una investigación del San Francisco Chronicle reveló que las muertes y la violencia azotan el Santa Rosa Behavioral Healthcare Hospital, donde durante casi una década, trabajadores y pacientes han solicitado al Departamento de Salud Pública de California una mayor protección para las miles de personas que reciben tratamiento en el centro cada año. La agencia, que otorga licencias a los hospitales y responde a las quejas de pacientes y trabajadores, ha documentado decenas de infracciones en el hospital de Santa Rosa desde su apertura, pero no ha exigido responsabilidades a Signature, el propietario del hospital. Signature también es propietario del Hospital de Salud Mental Sacramento, que NUHW organizó el año pasado. Este artículo forma parte de una serie de investigación del Chronicle.
Con las tasas de suicidio de reclusos en su punto más alto, un juez federal ha puesto el control de los programas de salud mental para reclusos con problemas en California en manos de una persona externa: la exjefa de prisiones bajo el presidente Biden, Colette Peters. El diario Los Angeles Times informó que Peters desarrollará un plan de supervisión para los servicios psiquiátricos destinados a la población carcelaria de California, donde se considera que más de 34,000 reclusos —más de un tercio de la población carcelaria de California— padecen algún tipo de trastorno mental grave. Según las conclusiones del tribunal, en 35 años de litigios, California nunca ha contado con suficiente personal de salud mental para brindar un nivel mínimo aceptable de atención.
CalMatters informó que una serie de decisiones políticas recientes de la administración Trump dirigidas a jóvenes transgénero han provocado una creciente crisis de salud mental en una población ya vulnerable. Incluso en California, donde los principales líderes estatales han impulsado políticas para proteger a las personas transgénero, líderes de organizaciones sin fines de lucro y trabajadores sociales afirman estar observando un fuerte aumento en la depresión, la ansiedad, la autolesión y los pensamientos suicidas entre los jóvenes a los que sirven. El Proyecto Trevor, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del suicidio en esta población, documentó un aumento de casi el 700% en las llamadas a su línea directa de crisis de salud mental el día después de las elecciones.
Legisladores progresistas de California han propuesto varios proyectos de ley destinados a reforzar la protección de la privacidad de mujeres, personas transgénero e inmigrantes en respuesta a la intrusión de grupos antiaborto y agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley. Entre las medidas mencionadas por California Healthline se encuentra la AB 45 de la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, que prohibiría el geofencing, la recopilación de la ubicación telefónica por parte de intermediarios de datos, en los alrededores de centros de salud que brindan servicios presenciales. También impediría que la información de salud reproductiva recopilada durante investigaciones se divulgue en respuesta a solicitudes de otros estados. La SB 497 del senador Scott Wiener exigiría a las fuerzas del orden obtener una orden judicial para acceder a las bases de datos estatales sobre atención de afirmación de género y tipificaría como delito menor la divulgación de datos a terceros no autorizados. La SB 81 del senador Jesse Arreguín exigiría que todos los centros de salud, incluidos hospitales y clínicas comunitarias, siguieran las directrices estatales para limitar la cooperación con las autoridades de inmigración. También prohibiría a los proveedores el acceso a áreas privadas o lugares donde un paciente esté recibiendo tratamiento o atención, a menos que exista una orden judicial. Otro proyecto de ley de inmigración, la AB 421, limitaría el intercambio de información a las fuerzas del orden locales si los agentes planean realizar un arresto en un radio de una milla de un hospital o consultorio médico, una guardería infantil, una institución religiosa o un lugar de culto.
Las primas mensuales promedio para familias con cobertura médica proporcionada por el empleador en el sector privado de California casi se duplicaron en los últimos 15 años, pasando de poco más de $1,000 en 2008 a casi $2,000 en 2023, según un análisis de datos federales realizado por KFF Health News. Esto representa más del doble de la tasa de inflación. Además, los empleados han tenido que asumir una parte cada vez mayor del costo. Grupos de pequeñas empresas advierten que, para los trabajadores cuyos empleadores no ofrecen cobertura, el problema podría agravarse si el Congreso no extiende los subsidios federales mejorados que hacen que el seguro médico sea más asequible en mercados individuales como Covered California, el mercado público que asegura a más de 1.9 millones de californianos.
FierceHealth informó que Sutter Health acordó resolver una demanda colectiva antimonopolio de larga duración y recientemente reactivada, en la que los demandantes reclamaban aproximadamente 411 millones de dólares en daños y perjuicios entre 2011 y 2020, debido a que el gigante de la salud utilizó su poder en un mercado de salud poco competitivo para obligar a los planes de salud a firmar contratos que solo incluían servicios de hospitalización en hospitales afiliados a Sutter. Un jurado falló unánimemente a favor de Sutter Health en marzo de 2022; sin embargo, tras múltiples apelaciones, el caso fue reactivado y remitido a un nuevo juicio que estaba previsto comenzar en semanas recientes.
